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El gobierno de Cifuentes quiere aprobar una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid antes de terminar el año. Este tipo de leyes son la piedra angular del derecho urbanístico y de su aplicación depende que el modelo urbano sea sostenible y al servicio de la mayoría, o por el contrario, que se fomente la especulación y sus corruptelas asociadas. Ahora sabemos perfectamente qué ha sucedido con las tramas Gürtel y Púnica en las que constructores pagaban comisiones al PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González a cambio de adjudicaciones de obra pública, procedimientos que se han convertido en el alma de la corrupción en España.

Sin embargo, la elaboración de esta ley tan central para la vida en nuestras ciudades y municipios (que ahora se encuentra en fase de enmiendas) se ha hecho de espaldas a los ciudadanos, como han denunciado entidades como Ecologistas en Acción. El PP se ha inventado un proceso participativo plagado de mesas técnicas y políticas a las que en realidad solo asistía su propia gente e incluso en su tramitación se han saltado el periodo de consulta pública que marca la ley.

¿Por qué tanto interés en que esta nueva norma tan fundamental pase desapercibida y se apruebe rápido y sin discusión? ¿A qué intereses sirve?

El mercado inmobiliario sale del coma

Nuestras instituciones (y buena parte de su financiación) están acopladas al modelo económico de las burbujas. Sin embargo, después del estallido de la última a partir del 2008, el mercado inmobiliario está experimentando un profundo proceso de cambio. Ya no se invierte tanto en vivienda nueva ni en aquellas urbanizaciones o desarrollos que muchas veces quedaban fuera de las ciudades (que devoraban suelo a malsalva) y que ya no constituyen una fuente importante de rentabilidad. Detrás de sí, como huella de esa fase, quedan un buen puñado de cadáveres inmobiliarios: promociones urbanísticas desiertas, edificios en medio de la nada que todavía permanecen o que han sido derribados como mejor solución, mientras arrastramos un problema gravísimo de acceso a la vivienda. Una buena metáfora del modelo.

Por contra, los grades capitales han vuelto ahora su mirada hacia la ciudad ya construida, especialmente en sus centros urbanos, donde están encontrando su principal fuente de rentabilidad. Las consecuencias de este tipo de invasión de capital en nuestras ciudades son de sobra conocidas y ha sido expuestas por las recientes movilizaciones en urbes que llevan más tiempo sometidas a la presión de este modelo: encarecimiento de los alquileres, expulsión de los vecinos, masificación de determinadas áreas, destrucción del patrimonio histórico, cambios en los modos de vida (gentrificación, turistificación).

En esta nueva fase, el negocio inmobiliario estará en gran medida en la rehabilitación: se está apostando ya por políticas de estímulo de la renovación a través de ayudas públicas y subvenciones, y se redactan leyes a medida como esta, en las que se facilitará la intervención tanto en los centros urbanos, como en el suelo natural de mayor valor, incluidos los espacios protegidos.

Más que rehabilitar edificios, se podría decir el PP quiere rehabilitar el sector de la construcción más puramente especulativo. Como ya sabemos, nuestro país basa buena parte de su crecimiento en el sector turístico-inmobiliario por lo menos desde el desarrollismo franquista, y el PP no quiere, ni sabe, apostar por otras alternativas. Dadas las excelentes relaciones entre este partido y muchas empresas constructoras –base de operaciones del poder en Madrid en el que se entrelazan intereses económicos y políticos– parece que esta nueva ley haya sido redactada por estas mismas constructoras. Aunque se disfrace de oportunidad para “simplificar” el ordenamiento existente e incluso perseguir a los infractores, la realidad es que se legisla en función de las nuevas necesidades del mercado inmobiliario y de las nuevas oportunidades de rentabilidad. Basta recordar que la fortuna del exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados proviene de su época al frente de la empresa pública del suelo de la comunidad, según la Fiscalía Anticorrupción, para hacernos una idea de cómo se entrelazan estos intereses en la práctica. O quizás que el hijo de Aznar encabeza una inmobiliaria que gestiona los activos de la Sareb y algunos bancos rescatados y que ha obtenido más de 31 millones de euros de beneficios este último año.

Más especulación, menos función social del urbanismo

Así pues, otra vez, el PP se pone al servicio de los promotores inmobiliarios y constructoras. Algunos de los hitos pasados los conocemos bien (y también sus funestas consecuencias). Aguirre modificó la Ley del Suelo vigente en el 2010, para permitir la venta de viviendas de protección a fondos buitre que ha supuesto el desahucio de cientos de familias de escasos recursos. Esta ley, sin embargo, no impide que se repitan este tipo de barbaridades.

Ya cuando empezó la crisis, Aguirre lanzó otro cable al sector, modificando las cesiones que por ley están obligados para la dotación de servicios (zonas verdes, hospitales, bibliotecas, centros educativos, culturales, deportivos, etc) en concepto de recuperación de plusvalías. Si la ley anterior (9/2001) fijaba que por cada 100m2 construidos se tenía que devolver a la sociedad 120m2 para servicios públicos, Aguirre redujo esta cantidad a 100m2 y luego a 50m2 por cada 100 construidos.

Pues bien, esta nueva ley impone una reducción todavía más sangrante y dejará las cesiones en unos insignificantes 30m2 por cada 100 que podrán desaparecer totalmente ya que, como novedad, se podrán contabilizar como donación las calles y accesos a las que antes estaban obligados. En los pueblos de menos de 5000 habitantes –que suelen padecer falta de servicios– todavía se reducirán más.

Es decir, que ahora se podrá construir y extraer rentas de la construcción sin casi ninguna devolución a la sociedad en forma de suelo. Lo que antes suponía una forma de reconocer que se está extrayendo renta de un bien limitado como es el suelo. En definitiva, se pone por delante los beneficios antes que la calidad de vida de los habitantes de los pueblos y ciudades que descenderá a medio plazo de llegar a aprobarse esta ley, y que esta viene determinada, en buena parte, por la relación entre el numero de habitantes y los equipamientos y zonas verdes existentes.

Otros problemas de la ley

Bajo un lenguaje técnico, lo que nos encontramos cuando buceamos en los artículos de la nueva ley, es toda una concepción del urbanismo que lo aleja de sus funciones sociales y reproduce lo peor del modelo del Partido Popular. Por ejemplo, vemos como facilitará la regularización de urbanizaciones y construcciones ilegales como las que podemos encontrar en el Molar que colonizan el territorio, no depuran, no ceden suelo, etc. Con la nueva ley podrán regularizarse fácilmente obligando a los ayuntamientos a ofrecerles servicios sin apenas contraprestaciones.

En definitiva, esta nueva norma estimulará la especulación y la generación de “pelotazos” y arrinconará todavía más a la administración, la vaciará de funciones en lo referente al urbanismo. Una administración que debería tener una función preponderante a la hora de poner cortapisas al lucro privado por encima de los intereses colectivos como se recoge en el artículo 33.2 de la Constitución –donde se limita el derecho a la propiedad privada supeditándolo a su función social–. Quizás todavía estemos a tiempo de parar su aprobación. Ya hay muchos colectivos y sociedad organizada involucrados en el análisis y contestación de esta ley y probablemente veremos movilizaciones en contra en breve.

 

Nuria Alabao (@nu_alabao) y Raúl Camargo (@camargoraul)

Publicado en Público el 26 de mayo de 2017

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